Frente al alto nivel que ha alcanzado la ola delictiva tanto en violencia como en cantidad de casos, el drama de la falta de seguridad, que en la mayoría de las encuestas suele constituir la principal preocupación de los porteños y de quienes habitan el conurbano, ya no puede analizarse sin prestar atención al paralelo aumento de la corrupción en la Policía Federal, revelado el domingo pasado por una investigación de LA NACION.
Otro tanto ocurre con la policía bonaerense. Junto con la Federal, ambas fuerzas de seguridad sólo han podido apresar a algunos de los presuntos autores de apenas el 32 por ciento de los casos de violencia delictiva más resonantes ocurridos entre fines de julio y fines del mes pasado, según otra investigación de este diario.
En lo que hace a la Policía Federal, cada día se abre un expediente interno contra uno de sus miembros por su presunta participación en alguna "falta administrativa grave" como protección y connivencia con delincuentes, liberación de zonas determinadas para permitir la comisión de delitos, integrar bandas de secuestradores, cometer robos a mano armada y exigirles dinero a comerciantes a cambio de brindarles seguridad.
Lo grave es que la cantidad de delitos cometidos por policías e investigados en forma paralela por la Justicia y la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal -cantidad que, obviamente, es menor que el total de hechos debido a la impunidad reinante- se mantiene en el mismo nivel que el año pasado en lo que hace al número. Pero no en cuanto al tipo de delitos.
A diferencia de 2009, de acuerdo con una fuente policial, en el corriente año el promedio de un policía diario sumariado corresponde a delitos "que deberían combatir".
Por ejemplo, el fiscal federal Federico Delgado elevó a juicio el caso de una banda de secuestradores integrada por uniformados de la comisaría 44a. y barrabravas del Club Vélez Sarsfield. Delgado también denunció la presunta connivencia entre personal de la comisaría 24a. y vendedores de droga, y a integrantes de la 21a., con jurisdicción en la zona del shopping Alto Palermo, por no investigar los delitos que ocurren en el barrio.
El año pasado, tres suboficiales de la comisaría 41a. fueron denunciados por salir a robar empleando sus armas reglamentarias. En la 23a. se investiga a nueve efectivos por apremios ilegales y en la 5a. un subcomisario y su chofer están acusados de haber intervenido en el llamado "robo del milenio", en el que un grupo de boqueteros saqueó 99 cajas de seguridad de la sucursal del banco Macro de la avenida Callao al 200.
Ante este tipo de hechos que involucran a tantos policías y comisarías, cuesta creer que en todos ellos los comisarios hayan resultado siempre ajenos al comportamiento delictivo de sus efectivos y cabe plantearse si en algunos casos no se trata de actividades que, ante la falta de control de las instancias políticas, se han convertido en rutinarias y, quizás, en mecanismos de recaudación ilícita.
Llama poderosamente la atención la respuesta del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, responsable de la Policía Federal. Según el funcionario, la fuerza "se ha depurado bastante" y es ella misma la que investiga. Los datos publicados por LA NACION indican que el ministro estaría equivocado o mal informado.
Más llamativo resulta, en cambio, el silencio del jefe de la fuerza, Néstor Vallecca, también vicepresidente de Interpol de América, quien tampoco respondió cuando este diario quiso consultarlo sobre la presunta persecución interna que estaría sufriendo el médico legista y subcomisario Alberto Brailovsky luego de haber intervenido, a pedido de Bolivia, como perito en la masacre de Pando y haber hallado graves irregularidades en los informes de las autopsias de los campesinos asesinados en 2008.
A estas alturas de los acontecimientos, la decisión de combatir tanto el auge delictivo como la creciente corrupción policial son responsabilidades del poder político que, a la luz de los resultados, éste no ha asumido ni parece decidido a asumir.
Cabe preguntarse, como en el caso de los comisarios, si se trata de pura inoperancia o si algunos de estos fenómenos resultan útiles a ciertas formas desviadas de practicar la política.
Quizá no exista combinación más nefasta que la que convierte en socios al crimen con la policía y la Justicia. La Italia violenta de los años 70 y 80 es prueba de ello.
La sociedad argentina necesita casi con desesperación que el delito disminuya sensiblemente.
Y también necesita confiar en su policía. Tanto la Federal como la bonaerense cuentan con una enorme mayoría de efectivos honestos y valientes que, con frecuencia, pagan ambas virtudes con la vida.
También cuentan con profesionales experimentados. Combatir desde el Gobierno la difusión de la criminalidad policial es la única manera de que esos policías sanos no sientan que sus esfuerzos resultan vanos.
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