En enero del presente año, con motivo del viaje al emirato de Qatar de la Sra. Presidenta de la Nación, D. Cristina Fernández de Kirchner, se firmó un Convenio Marco para el Desarrollo e Implementación de Proyectos de Integración Energética Bilateral, entre el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio de Vido, y el Ministro de Energía e Industria del Estado de Qatar, Abdullah Bin Hamad Al Attiyah, a los efectos solucionar los problemas de abastecimiento de gas licuado que afectan a la población, conforme es de dominio público.
Con posterioridad y en el mes de junio ppdo. Gabriel Mazzola, Apoderado General y responsable de nuevos negocios de ENARSA (Energía Argentina S.A.), firmó con Khalid Bin Khalifa Al Thani, Consejero Delegado de QATARGAS un borrador de acuerdo (Heads of Agreement-HOA), por medio del cual Qatargas suministrará cinco millones de toneladas anuales (MTA) de GNL a Enarsa en Southern CONE LNG HUB, Argentina, durante veinte años a partir del 2014, cubriéndose así supuestamente el 16% del consumo anual de gas natural en el país. Cabe aclarar que el Southern CONE LNG HUB es un proyecto de terminal de almacenamiento y Regasificación de GNL, marítimo de sistema flotante (FSRU) que promueve Enarsa y cuya puesta en marcha se ha previsto para el año 2014, de allí que el suministro de GNL pactado comenzará a partir de esa fecha.
Después de producida la firma de tales acuerdos; los directivos de Qatargas, los funcionarios del emirato y los directivos de Enarsa, expresaron su satisfacción por el establecimiento de vínculos comerciales que permiten el suministro de gas licuado a la Argentina. Nadie tomó en cuenta en las esferas del gobierno que la negociación con Qatar pone en evidencia la dependencia energética que tiene la Argentina debido a su escaso nivel de reservas de gas.
Como siempre se utiliza el secretismo en las negociaciones internacionales, y no existe información sobre los términos de lo que se firmara, entendemos que existen una serie de circunstancias poco claras relacionadas con este convenio, que sería importante conocer, y están referidas a cuáles fueron los elementos que tuvo el Poder Ejecutivo para autorizar la firma del acuerdo, sin estudios previos y obviando las normas específicas para la contratación pública que surgen del Decreto Delegado Nº 1023/2001 (Régimen de Contrataciones del Estado Nacional), y el Decreto Nº 436/ 2000 (Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional), además de otras normas vinculadas como la Ley 13064 (Obra Pública); Ley 24156 (Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional); Ley 25188 (Ética en la Función Pública); Ley 25551 (Compre Trabajo Argentino), Decreto Nº 1818 (Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas; Resolución SIGEN Nº 79/2005 (Sistema de Precios Testigo).
Esa falta de estudios previos y aplicación de la normativa correspondiente, ha determinado, según las informaciones que se disponen, que la fórmula para definir el valor de venta del gas estará atada al petróleo Brent, siendo el equivalente al 15% de la cotización internacional de ese tipo de crudo. A los precios actuales del Brent, esa fórmula arroja un valor del GNL qatarí de 16.80 dólares por millón de BTU, lo que resulta un 52,7% más caro que el precio promedio de 11 dólares que Enarsa abonará este año por las cargas que llegarán a los buques regasificadores de Bahía Blanca y Escobar. Cabe destacar que para las empresas proveedoras de GNL, ese precio nada tiene que ver con los parámetros actuales del sector, y conforme han señalado algunos operadores del mercado las últimas ventas de Qatargas se hicieron al 10.5% del precio del Brent, con lo cual se estaría pagando una suma realmente desproporcionada con los valores que se manejan actualmente.
Pero como habitualmente se utilizan los recursos públicos con total discrecionalidad, ese acuerdo supone un desembolso de más de 45.000 millones dólares, producto de los cálculos señalados respecto al costo de GNL, cifra apenas inferior al total de las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina. Al elevado costo que hemos señalado debe sumarse la construcción de una terminal portuaria en San Antonio Oeste y un gasoducto de 200 kilómetros de extensión, con una inversión de 600 millones de dólares que el emirato de Qatar se comprometió a financiar, con el compromiso de ser el único proveedor de GNL por este puerto hasta el año 2034. Este supuesto crédito cuyas condiciones se contratación también se ignoran, se suma a la serie de negociaciones que es preciso conocer para saber con exactitud, la conveniencia y legalidad de lo que se está acordando, ya que va a condicionar a varias gestiones de gobierno durante esos veinte años.
Esa terminal portuaria resulta imprescindible a los fines del negocio ya que la flota de buques de Qatargas –los Q-Flex y Q-Max entre otros- no solo son mayores que los gaseros convencionales, (entre un 50 y 80%) sino que cuentan con un sistema de re licuación a bordo para maximizar el rendimiento y el abastecimiento de GNL. La construcción aludida se sumará al puerto existente en Ingeniero White (Bahía Blanca) y al recientemente inaugurado en Escobar. Si a esas tres terminales le agregamos la utilización del puerto de Montevideo por parte de Enarsa, usando el gasoducto que se montó para exportar gas natural argentino a Uruguay, tenemos cuatro puertos gasificadores de gas licuado importado, con lo cual la pérdida del autoabastecimiento impresiona, debido a las tasas de importación neta de gas.
A la escasa información que se conoce, lo que hace suponer que los negocios no tienen la transparencia que deberían, se suma la posibilidad que el acuerdo haya sido gestionado por COMETRANS QATAR, empresa perteneciente al grupo Cirigliano (Concesionarios de TBA y propietarios del grupo PLAZA), a quien la justicia federal a vinculado a maniobras delictivas realizadas por el ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime.
Las presunciones que tenemos sobre los intervinientes en la estructuración de la operación surgen de algunas evidencias sobre los negocios desarrollados por el grupo Cirigliano en el emirato que comenzaron en enero del año 2010, con la firma de un Join Venture con Aamal Company Q.S.C., cuyo presidente y principal accionista es el Jeque Faisal Bin Qassim Al Thani, perteneciente a la misma familia de Khalid Bin Khalifa Al Thani, Consejero Delegado de Qatargas, y ambos parientes del Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, actual Emir de Qatar, lo que hace suponer una posible vinculación de negocios, dada la estructura clánica con la que se manejan las familias de los emiratos. No está demás mencionar que los Al Thani son la familia real de Qatar y gobiernan el emirato desde 1825
El Join Venture firmado se hizo con el objeto de construir fuertes lazos de comercio con Latinoamérica, generar oportunidades de negocios internacionales, participar en las licitaciones por la renovación del transporte del emirato y abrir el mercado argentino a productos de ese país, lo que también hace presumir que en el acuerdo celebrado con Qatargas, hayan tenido participación los directivos de Cometrans Qatar
Aunque la Presidenta de la Nación destacó la importancia del acuerdo firmado para solucionar los problemas de la falta de GNL, con ese anuncio se oculta que nuestro país a perdido el abastecimiento gasífero, debido a una política donde no se ha privilegiado el interés nacional, favoreciendo los negocios de las empresas transnacionales. Respecto a ello cabe consignar que la ley 17.319 ordena mantener un adecuado nivel de reservas y permite exportar sólo excedentes, que se produzcan cuando el mercado local está autoabastecido.
Con el gas natural por gasoducto, el autoabastecimiento parece una utopía, pues tenemos al 40% de la población sin poder acceder al mismo, y faltantes de abastecimiento pronunciados, que han podido ser cubiertos con las importaciones que se efectúan. En lo que respecta al gas licuado la importación supone hacer frente a costos que son cada vez mayores, y a facilitar la realización “negocios” privados que se siguen haciendo a costa del bienestar del pueblo.
FUENTE: InfoSUR.
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